Enero 10 2011
Viviendas VPO en alquiler
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Viviendas de protección oficial en alquiler
Artículo publicado el 10 de noviembre de 2010 en el periódico local DIME
De vez en cuando “nos calientan la cabeza” con una promoción de viviendas de protección oficial, con sus plazos y requisitos de admisión, sus sorteos y sus consiguientes decepciones para la gran mayoría de los que participamos en ese sorteo y la alegría de aquellos a quienes sin haber apostado les ha tocado la lotería de la V.P.O.
¿Es labor de la administración beneficiar a unos pocos y no dar solución a los problemas de la mayoría? Definitivamente, no.
La labor de la administración a todos los niveles (Ayuntamientos, Diputaciones y Gobierno) es la redistribución de la renta, de manera que se beneficie a los que más lo necesiten, pero de manera igualitaria, todo lo contrario a lo que se consigue con este sistema de adjudicación en propiedad de las viviendas de protección oficial.
¿Tiene solución el problema de la vivienda?
Probablemente dar una solución definitiva a este problema sea, hoy por hoy, imposible, pero vamos a intentar que desde los poderes públicos se den pasos que alivien el problema y den solución al mayor número de casos posibles.
Los miembros de Gazte Abertzaleak, pensamos que un primer paso a dar de inmediato es el de cambiar la política de V.P.O. en propiedad, por la de V.P.O. en alquiler.
A una o un joven que le haya “tocado” una V.P.O. es muy probable que en unos años le cambie la situación, tanto familiar (comience a vivir en pareja, por ejemplo), como la situación profesional, y afortunadamente pase a una situación económica a la que no le corresponda acceder a ese tipo de beneficios. ¿Es justo que esa persona siga beneficiándose de por vida por el resultado de un sorteo de recursos públicos? Otra vez la respuesta es no.
Esa ayuda de la administración debe pasar a otras personas que si cumplan esos requisitos y que necesiten también una vivienda.
Para corregir esas injusticias, las V.P.O. deberían adjudicarse en régimen de alquiler y mediante la adecuada gestión e inspección, retirar las ayudas cuando la situación económica del beneficiario no se corresponda con los requisitos establecidos para ser acreedor a esas ayudas. A partir de ahí, se podrá adjudicar esa vivienda a quien si cumpla los requisitos, y de esa manera seremos más los que podamos disfrutar durante el tiempo que necesitemos de esos recursos públicos.
Más gestión, más inspección, y consecuentemente mejor uso y mejor reparto de los recursos públicos.
“El derecho a la vivienda no es derecho a su propiedad, sino derecho a su uso”.